Héctor Areyuna
La sala de la Cámara Alta aprobó una norma en el marco del debate del proyecto que regula este tipo señal, determinando un plazo de 20 años a los concesionarios con medios propios y cinco años a quienes posean medios de terceros. Sin embargo, un grupo de parlamentarios, manifestó que el proyecto sólo dispone de requisitos técnicos financieros a los candidatos a la concesión.
La sala del Senado aprobó una norma en el marco del debate del proyecto de ley de Televisión Digital que establece un plazo de 20 años a los concesionarios con medios propios y cinco años a quienes posean medios de terceros.
Así lo explicó el senador RN Francisco Chahuán, entrevistado en la Tercera Edición de Radioanálisis del martes, que dio detalles sobre cómo funciona este mecanismo.
En este sentido, el legislador oficialista precisó que “las nuevas concesiones de televisión digital, son concesiones nuevas y tienen plazo de duración definidos que son de 20 años, las con medios propios, es decir, aquellas personas que optaron a una concesión porque tienen el estudio, las propias señales, y las con medios de terceros son de personas que postulan a una concesión y que arriendan el estudio a un tercero para poder transmitir”.
Según el parlamentario se debatieron los artículos más importantes, y subrayó la importancia de que las concesiones ahora tienen fecha de fin.
La medida fue apoyada por parte de la oposición, especialmente por parte de parlamentario de la Democracia Cristiana. Por esto el senador Jorge Pizarro dijo que se avanzó en uno de los aspectos centrales de la normativa.
En esa línea, el representante del partido opositor indicó que “estos concesionarios para garantizar el acceso a la televisión abierta en la gran mayoría del territorio nacional, dentro de un plazo de tres años tiene que tener garantizado el 85 por ciento de la cobertura, y en un plazo máximo de cinco años el 100 por ciento de la cobertura en todo el territorio para los efectos de garantizar el acceso gratuito a la televisión abierta a todos los chilenos. Ese es el tema más de fondo del proyecto y en eso avanzamos bastante”.
Sin embargo, un grupo de parlamentarios presentaron sus reparos frente a los aspectos aprobados en la Cámara Alta, manifestando dudas respecto de que, por ejemplo, el proyecto sólo dispone de requisitos técnicos financieros a los candidatos a la concesión.
El senador del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, aseguró que pese a reconocerse en minoría insistirán en contra de la concentración del manejo del espectro televisivo.
Por este motivo, el también presidente de los radicales señaló que “debiéramos tratar de proteger la alternativa de la incorporación de nuevos actores en el ámbito de las comunicaciones en esta materia, pero aquí se está concentrando fuertemente el manejo de éste espectro. En ese sentido, nosotros seguiremos insistiendo, desgraciadamente, insisto estamos en minoría”.
Otro tema revisado es el de los derechos laborales de funcionarios televisivos. La normativa establece lo entendido por correcto funcionamiento de los concesionarios, normas que se deben cumplir para poder repostular a éstas.
Aun así quedan cuestionamientos respecto de esto, lo que se suma a la discusión de contenidos que esperan parlamentarios y la sociedad civil.
TVdigital y revolución en las comunicaciones
Quienes concursen por una parte del espectro deberán garantizar la pluralidad de contenidos para así evitar las prácticas monopólicas de los organismos con mayor poder económico.
por Marco Enríquez-Ominami
SON MUCHOS quienes aún ignoran que el espectro a través del cual se
transmiten las ondas televisivas -lo mismo que las radiales- son un bien
público que pertenece a todos los chilenos. Los actuales canales pueden
explotar este espectro gracias a concesiones dadas por el Estado: se da
el caso de una iglesia -como la Católica- que tiene una concesión
indefinida cuyo uso, de carácter universitario originalmente, está hoy
en mano de privados para uso comercial. Ningún otro credo religioso
tiene este privilegio. Esto es contradictorio con un Estado que se
declara laico y pluralista.
Por otra parte, TVN, creado para ser un contrapeso a la TV comercial, no corresponde al concepto de televisión pública, pues tiene que autofinanciarse y competir con la privada, no diferenciándose mayormente en su parrilla programática. Peor aun, su directorio se construye a partir de cuotas de partidos y por ende está conformado por la combinación duopólica vigente y no representa a numerosos sectores sociales que hoy sí están incidiendo públicamente.
El proyecto de ley de TV digital que se debate en nuestro Congreso debe garantizar el pluralismo. Quienes concursen por una parte del espectro deberán explicitar su proyecto editorial y garantizar la pluralidad de contenidos, para así evitar las prácticas monopólicas de aquellos organismos con mayor poder económico. El proyecto de ley actual garantiza el 40% de la capacidad espectral a la televisión cultural y educativa, una iniciativa a todas luces loable. Este proyecto también garantiza la existencia de canales televisivos de carácter regional, local y comunal, lo que podría ayudar a entregar protagonismo a las regiones, provincias y comunas en pro de un federalismo cultural. Gratuidad, calidad, cobertura geográfica universal, sistemas de apoyo a personas con discapacidades y niveles de servicio son aspectos que necesariamente deben considerarse.
Si bien estos aportes del proyecto de ley apuntan en la dirección correcta, falta avanzar en puntos fundamentales. Es imprescindible garantizar contenidos gratuitos de calidad con el fin de evitar el carácter elitista y monopólico propio de nuestro sistema de TV. Es necesario también perfeccionar las normas de concentración del espectro. Adicionalmente, se deben establecer criterios que rijan los servicios adicionales que permite la TV digital.
Por su parte, debe perfeccionarse la normativa relativa a canales comunitarios, para no condenarlos a la pobreza y dotarlos de capacidades para desarrollarse y hacerse sustentables. Falta asimismo que la política de medios considere que el audiovisual hoy transita por múltiples vías, siendo internet una de las más importantes. Deberá priorizarse el desarrollo de una “mega vía” que considere de manera conjunta televisión e internet.
Una revolución cultural y educativa en las comunicaciones constituye un elemento fundamental para la construcción y profundización de una democracia donde los ciudadanos informados sean actores principales en la generación de un nuevo Chile participativo, igualitario y justo. La historia prueba que los momentos de auge del progresismo coinciden con una revolución en las comunicaciones.
Por otra parte, TVN, creado para ser un contrapeso a la TV comercial, no corresponde al concepto de televisión pública, pues tiene que autofinanciarse y competir con la privada, no diferenciándose mayormente en su parrilla programática. Peor aun, su directorio se construye a partir de cuotas de partidos y por ende está conformado por la combinación duopólica vigente y no representa a numerosos sectores sociales que hoy sí están incidiendo públicamente.
El proyecto de ley de TV digital que se debate en nuestro Congreso debe garantizar el pluralismo. Quienes concursen por una parte del espectro deberán explicitar su proyecto editorial y garantizar la pluralidad de contenidos, para así evitar las prácticas monopólicas de aquellos organismos con mayor poder económico. El proyecto de ley actual garantiza el 40% de la capacidad espectral a la televisión cultural y educativa, una iniciativa a todas luces loable. Este proyecto también garantiza la existencia de canales televisivos de carácter regional, local y comunal, lo que podría ayudar a entregar protagonismo a las regiones, provincias y comunas en pro de un federalismo cultural. Gratuidad, calidad, cobertura geográfica universal, sistemas de apoyo a personas con discapacidades y niveles de servicio son aspectos que necesariamente deben considerarse.
Si bien estos aportes del proyecto de ley apuntan en la dirección correcta, falta avanzar en puntos fundamentales. Es imprescindible garantizar contenidos gratuitos de calidad con el fin de evitar el carácter elitista y monopólico propio de nuestro sistema de TV. Es necesario también perfeccionar las normas de concentración del espectro. Adicionalmente, se deben establecer criterios que rijan los servicios adicionales que permite la TV digital.
Por su parte, debe perfeccionarse la normativa relativa a canales comunitarios, para no condenarlos a la pobreza y dotarlos de capacidades para desarrollarse y hacerse sustentables. Falta asimismo que la política de medios considere que el audiovisual hoy transita por múltiples vías, siendo internet una de las más importantes. Deberá priorizarse el desarrollo de una “mega vía” que considere de manera conjunta televisión e internet.
Una revolución cultural y educativa en las comunicaciones constituye un elemento fundamental para la construcción y profundización de una democracia donde los ciudadanos informados sean actores principales en la generación de un nuevo Chile participativo, igualitario y justo. La historia prueba que los momentos de auge del progresismo coinciden con una revolución en las comunicaciones.
