Las volteretas del gobierno por la televisión digital

A nadie le quita el sueño, pero los plazos para definir la norma digital se acortan. Ahora la decisión es nada más que política Y está alojada en dos frentes. El de René Cortázar, que silenciosamente está logrando levantar la agenda de ANATEL, y el de Francisco Vidal que administra el “alma izquierda” de la Concertación, en busca del pluralismo asociado al estándar europeo. Un gallito más sofisticado, pero que recién comienza.

Después de al menos dos años trabajando, en el equipo que dirige el subsecretario de Telecomunicaciones Pablo Bello reconocen estar agotados. Técnicamente está casi todo dicho respecto de las normas que postulan para convertirse en el estándar de televisión digital en Chile. Asunto que ahora se transformó en una decisión política.

La presidenta Michelle Bachelet lo sabe y quiere evitar que la opción elegida deje heridos en el camino, o genere alguna fricción al interior del gabinete.

En la práctica, la mandataria está escuchando a dos ministros. Por un oído a René Cortazar, que se hizo cargo del tema cuando asumió en Transportes y Telecomunicaciones.

Y por el otro, a Francisco Vidal que desde el directorio de TVN volvió a la Segegob, con claras intenciones respecto a una nueva ley de televisión, que debe ser aprobada paralelamente a la decisión tecnológica.

Actualmente hay tres ofertas posibles. El estándar americano, el japonés (o brasileño) y el europeo. Si hubiera que inclinarse por uno mañana, es muy probable que Bachelet le hiciera caso a Cortázar, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y por estos días, el ministro con más llegada a la presidenta en el gabinete, o al menos mejor posicionado que Vidal en este tema.

El vocero reconoció ser un “analfabeto tecnológico” luego de que algunas bases de datos públicas fueran hackeadas este fin de semana.

El sigilo de Cortazar

Durante el mandato del ex ministro Sergio Espejo, la balanza estuvo muy cerca de inclinarse hacia la norma europea ((DVB-T), la más apreciada entre las huestes progresistas de la Concertación, porque está diseñada para garantizar, entre otras cosas, el ingreso de nuevos actores en el espectro radioeléctrico y así fomentar el manido pluralismo. Pero al mismo tiempo es la más resistida al interior de la industria.

En la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) les inquieta tener que compartir los US$400 millones que se lleva anualmente la televisión de la torta publicitaria y además enfrentar los costos de adaptar los equipos al estándar europeo, ya que los canales se han equipado pensando en el sistema americano, la oferta que realmente le gusta al gremio de los grandes broadcasters chilenos.

El ATSC, por sus siglas en inglés, está diseñado para entregar alta definición. “Pero aunque es factible, aún no se ha probado que la norma americana permita incorporar más canales en el ancho de banda de 6 mhz, que es el que actualmente ocupan los canales”, dice Mariano Arana, presidente de la Asociación Regional de Televisión (ARETEL).

Sin embargo la decisión se postergó por segunda vez cuando asumió René Cortazar como ministro de Transportes en abril del año pasado. Al día siguiente de que aterrizara en el ministerio, El Mercurio publicaba una aliviada editorial saludando la designación e invitándolo a “valorar las bondades de la norma norteamericana”.

Cortázar, ex director de TVN y padre del modelo que rige hasta hoy al canal público, es en esta pasada una suerte de hombre de ANATEL, que silenciosamente ha logrado dar vuelta el naipe a favor de la industria. La decisión volvió a postergarse por tercera vez, a fines del año pasado Y en las últimas semanas el estándar americano ha vuelto por los palos. Después de ser desplazado incluso por la oferta japonesa, que ahora está casi descartada.

“El gobierno ha estudiado mucho el tema y está bien que lo haga, porque la decisión va a determinar cómo serán los próximos 40 años en materia de televisión en Chile. Ahora, por los silencios del ministro, concluyo que quiere mantener el status quo. Cortázar tiene que explicitar su visión modernizadora de la televisión”, dice el diputado Marco Enríquez-Ominami, uno de los más notorios defensores de la norma europea.

Efectivamente, los movimientos de Cortázar han sido silenciosos. Hasta ahora no se ha referido públicamente al tema. Pero apenas asumió, el ministro de Transportes, propició una reunión entre los socios de ANATEL y la presidenta en La Moneda.

Algunos minutos antes de que la reunión se concretara, Bachelet llamó hasta su despacho al subsecretario Pablo Bello y según testigos de la cita, le dejó muy claro que tendría en consideración los resultados conseguidos por su equipo, que básicamente determina las ventajas de la oferta europea, por costos (un decodificador cuesta US$20 mientras el americano cuesta US$90) y la flexibilidad para implementar nuevos modelos de negocios (como transmitir contenidos a través de teléfonos celulares).

“La presidenta sabe que una mala decisión le puede traer efectos negativos de orden político. Pero tampoco puede inclinarse por una norma que pueda molestar a la industria de la televisión, menos en año electoral”, dice una fuente de la SUBTEL.

Hace algunas semanas, llegaron a la subsecretaría los estudios respecto al tema que Cortázar encargó a las universidades. Estos pronunciamientos, según se dijo al momento de suspender la decisión en noviembre pasado, eran necesarios para inclinarse definitivamente por alguna oferta, pero según la misma fuente de la Subtel los resultados no aportaron nada nuevo y “fueron decepcionantes”.

Para el regionalista Mariano Arana “es un boicot de la industria contra la norma europea”. Como sea, la decisión sigue siendo, más que nunca, política.

La ley de Vidal

Y en este punto es donde entra al escenario el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal. Cualquiera sea la modalidad que se tome, implica modificar la ley que regula la televisión, una materia que pasa por su ministerio y que necesitará de su muñeca política para que sea aprobada por el parlamento.

En público, el vocero prefiere no hablar más de la cuenta, pero en privado defiende la idea, por ejemplo, de terminar con las concesiones indefinidas de las universidades y ampliar todo lo que sea posible el espectro radioeléctrico.

Vidal representa el alma más izquierdista de la Concertación en torno a este tema, en especial a un sector del bloque PPD-PS que quiere terminar con la estructura oligopólica de la industria televisiva. Vidal podría provocar que el tema diera otra voltereta. “Cortázar ha llevado el asunto a un plano estrictamente tecnológico y Vidal se ha preocupado de los efectos políticos, de sacar una buena ley, él entiende que hay que ponderarlo mejor”, asegura Enríquez Ominami.

Por mientras, todos los interesados en adjudicarse el negocio queman sus cartuchos haciendo lobby. La Unión Europea, que ofrece 9 mil millones de pesos para ayudar a la implementación de su sistema en Latinoamérica, (ya hay cien países que lo han adoptado) de aquí a 2013.

El embajador Jaime Pérez Vidal comisionado de la UE, ha sido el encargado de golpear la puerta en la Subtel y de recorrer las regiones, ofreciendo financiamiento, transferencia tecnológica y capacitación para los operadores locales.

Por el lado de Estados Unidos, ha sido el embajador Paul E. Simmons el encargado de ir a la Subtel a recordar la “conveniencia” del estándar americano y Bachelet oyó la misma recomendación en boca de Condolezza Rice cuando la Secretaria de Estado visitó La Moneda a mediados de marzo.

Helio Costa, ministro de Comunicaciones de Brasil, ha venido al menos en dos oportunidades a Chile para detallar los beneficios del estándar aplicado en su país, una versión local, que no ha estado exenta de problemas, de la norma japonesa, la oferta tecnológicamente más avanzada, pero la más cara, de la que Bachelet recibió un dossier completo durante su estadía en ese país, en septiembre del año pasado.

Después de esto, el gobierno tal vez tome la decisión final y quizá dé otra voltereta, considerando que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe donde consigna los serios problemas de la norma estadounidense en México.