¿Vamos a ver TV digital?

Baeza, Silvia-Hube, Constanza

La discusión sobre televisión digital terrestre (TVD) en nuestro país no ha estado exenta de polémica. En las últimas sesiones, las comisiones del Senado discutieron sobre el denominado apagón analógico, que consiste en suprimir las emisiones en la banda VHF que hoy utilizamos, para iniciar el uso del espectro UHF, que permite mayor calidad de la señal. El apagón analógico planteaba, sin embargo, el problema de exigir a los actuales canales “cambiarse” de banda, lo que podría ser inconstitucional. Se buscó entonces una nueva solución, pero ésta tampoco parece acertada para el logro del objetivo inicial de esta normativa: ver mejor TV.

Desde el inicio de la tramitación se buscó no sólo trasladar a los canales abiertos dentro del espectro radioeléctrico, sino también modificar las condiciones de su regulación. Este punto ha generado críticas en el sentido de que constituiría una vulneración al derecho de propiedad, al principio de neutralidad tecnológica —cambio de tecnología no importa cambio de regulación— y a la irretroactividad de la ley.

Salomónicamente, el legislador y el Ejecutivo “salvaron” la constitucionalidad del proyecto acordando que los actuales canales abiertos deberán optar entre mantener sus actuales concesiones —que no serían apagadas— o bien “migrar” al nuevo sistema. Esta solución podrá ajustarse a derecho, pero no es realmente apropiada si se considera que el objetivo principal de esta ley es que los chilenos veamos TV de mejor calidad de imagen.

En efecto, lo que trae la nueva ley para los viejos canales no es auspicioso. Pierden el carácter indefinido de su concesión, no tienen opción de renovación automática y se les exige porcentajes de cobertura de 100%. Además, si bien se ha señalado que el “negocio” de la TVD es distinto al de la analógica, lo cierto es que quienes se mantengan en VHF no podrán pedir una concesión en la banda de alta definición, con lo que se estaría vulnerando la libre iniciativa en materia económica garantizada por la Constitución.

Por lo anterior, los incentivos que tendrían los actuales concesionarios para cambiarse a TVD no parecen suficientes (salvo porque podrán transmitir más señales en los mismos 6 MHZ), ya que se establecen obligaciones accesorias, campañas de utilidad pública, etc., altamente costosas, mientras que la posibilidad de realizar nuevos emprendimientos en el remanente del espectro estaría muy restringida.

Siendo realistas, si los actuales canales deciden no migrar, la solución planteada significará una postergación en la posibilidad de ver nuevos contenidos, ya que probablemente los nuevos concesionarios tardarán algún tiempo en salir al aire bajo las condiciones propuestas.

Así las cosas, podría ser que tengamos una elaborada ley de TVD, pero que al prender el televisor no haya literalmente nada que ver…